¿ Ha finalizado el año horribilis del Estatut ?, después de ser centro de atención de las declaraciones de los diversos partidos, a favor y en contra, de ser arma arrojadiza entre los defensores de la unidad de España y los partidarios del estado autonómico y descentralizado, de ser la rotura entre el presidente Zapatero y el president Maragall al que le quito el protagonismo del cierre del estatuto, de ser la punta de lanza de una modificación sustancial de la estructura del estado establecido en la Constitución y por la que el presidente del actual gobierno ha apostado desde que llego a la Moncloa. Después de todo lo sufrido por los ciudadanos de a pie que todos los días y a todas horas nos veíamos sorprendidos por las actuaciones y declaraciones de nuestros políticos, después de todo esto parece que la normalidad ha vuelto, que ahora los dos grandes partidos son capaces de llegar a acuerdos y votar conjuntamente las nuevas reformas estatutarias como la andaluza, que tras salir con el único apoyo de los socialistas e izquierda unida, se ha convertido en el paladín de los estatutos al ser fruto del consenso del parlamento manifestada en una abrumadora votación en la que tan solo hubo dos abstenciones.
No creo que los andaluces seamos una raza especial, pero lo que si hemos puesto de manifiesto a través de nuestros políticos es que el acuerdo fruto del diálogo y de la discusión es posible, y que la razón nunca es patrimonio de ningún grupo político ni ideología, sino que de ese intercambio de ideas puede surgir una norma, un texto con garantía de futuro que es lo máximo que hemos de exigir a una ley orgánica que regirá las actuaciones y las relaciones entre los gobiernos nacional y autonómico. Pero, no debemos olvidar que antes el estatuto valenciano también dio una muestra de que el acuerdo era posible, y surgió desde la misma cámara autonómica con el apoyo de los dos grandes grupos.
Quizá la cuestión catalana sea de una sensibilidad especial al existir tantos partidos nacionalistas empeñados en marcar las diferencias que los distinguen del resto del estado más que en fomentar las similitudes que nos unen, o más preocupados de ostentar un poder diferente que les permita negociar desde una posición más independiente que la que tienen los partidos nacionales cuando son también los que gobiernan en las autonomías. No quiero con ello quitarles el mérito que tienen, porque partidos como CiU han sido y son ejemplo de racionalidad a la hora de apoyar las distintas acciones legislativas, políticas, de los gobiernos centrales especialmente cuando éstos gobiernan en minoría y, en todo momento han contribuido a que la norma resultante esté menos contaminada por las ideologías partidistas , derecha o izquierda, y esté escorada hacía el centro que hoy por hoy representa a la gran mayoría de los españoles y es una garantía de la perpetuidad en el tiempo de la norma.
Cierto es que las últimas elecciones catalanas de las que saldrá el primer gobierno del nuevo estatut han supuesto por un lado un reconocimiento de la forma de actuar de CiU, partido que ha ganado claramente las elecciones aunque no puede gobernar, pero también han puesto de manifiesto que el experimento del tripartito, fruto de la experiencia política de Maragall, ha funcionado y es posible repetirlo pues parece que los catalanes desean o prefieren un acuerdo de gobierno entre los partidos de la izquierda que de alguna manera rompan con la apisonadora de los nacionalistas de CiU, y se preocupen de las cuestiones de carácter social que más preocupan a los trabajadores. Y no olvidar que esta repetición del tripartito significa además una demostración de que la política catalana la rigen los partidos catalanes y que la independencia del PSC en estas cuestiones es manifiesta, independientemente de que el señor Montilla haya sido un ministro del gobierno central, al que posiblemente le hubiese convencido más la formación de un gobierno de concentración o compromiso PSC-CiU que le garantizaría una actuación de gobierno más estable y exitosa.
No creo que los andaluces seamos una raza especial, pero lo que si hemos puesto de manifiesto a través de nuestros políticos es que el acuerdo fruto del diálogo y de la discusión es posible, y que la razón nunca es patrimonio de ningún grupo político ni ideología, sino que de ese intercambio de ideas puede surgir una norma, un texto con garantía de futuro que es lo máximo que hemos de exigir a una ley orgánica que regirá las actuaciones y las relaciones entre los gobiernos nacional y autonómico. Pero, no debemos olvidar que antes el estatuto valenciano también dio una muestra de que el acuerdo era posible, y surgió desde la misma cámara autonómica con el apoyo de los dos grandes grupos.
Quizá la cuestión catalana sea de una sensibilidad especial al existir tantos partidos nacionalistas empeñados en marcar las diferencias que los distinguen del resto del estado más que en fomentar las similitudes que nos unen, o más preocupados de ostentar un poder diferente que les permita negociar desde una posición más independiente que la que tienen los partidos nacionales cuando son también los que gobiernan en las autonomías. No quiero con ello quitarles el mérito que tienen, porque partidos como CiU han sido y son ejemplo de racionalidad a la hora de apoyar las distintas acciones legislativas, políticas, de los gobiernos centrales especialmente cuando éstos gobiernan en minoría y, en todo momento han contribuido a que la norma resultante esté menos contaminada por las ideologías partidistas , derecha o izquierda, y esté escorada hacía el centro que hoy por hoy representa a la gran mayoría de los españoles y es una garantía de la perpetuidad en el tiempo de la norma.
Cierto es que las últimas elecciones catalanas de las que saldrá el primer gobierno del nuevo estatut han supuesto por un lado un reconocimiento de la forma de actuar de CiU, partido que ha ganado claramente las elecciones aunque no puede gobernar, pero también han puesto de manifiesto que el experimento del tripartito, fruto de la experiencia política de Maragall, ha funcionado y es posible repetirlo pues parece que los catalanes desean o prefieren un acuerdo de gobierno entre los partidos de la izquierda que de alguna manera rompan con la apisonadora de los nacionalistas de CiU, y se preocupen de las cuestiones de carácter social que más preocupan a los trabajadores. Y no olvidar que esta repetición del tripartito significa además una demostración de que la política catalana la rigen los partidos catalanes y que la independencia del PSC en estas cuestiones es manifiesta, independientemente de que el señor Montilla haya sido un ministro del gobierno central, al que posiblemente le hubiese convencido más la formación de un gobierno de concentración o compromiso PSC-CiU que le garantizaría una actuación de gobierno más estable y exitosa.
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